EEUU.- Este 29 de enero en la Casa Blanca, el presidente de EE.UU. Donald Trump firmó la Ley Laken Riley, legislación impulsada por el Partido Republicano que exige la detención de migrantes indocumentados acusados de ciertos delitos; y también anunció que su gobierno planea enviar a los “peores criminales extranjeros” a un centro de detención en la bahía de Guantánamo, en Cuba.
Por cierto que el Senado aprobó el proyecto de ley a principios de la semana pasada y la Cámara de Representantes hizo lo mismo el miércoles, aprobando la ley con 263 votos a favor y 156 en contra, con 46 demócratas votando a favor.
Cabe apuntar que esta legislación lleva el nombre de Laken Riley, toda vez que fue una estudiante universitaria que fue violada y asesinada por un inmigrante indocumentado que había sido detenido y puesto en libertad en múltiples ocasiones; destaca que la condena de su asesinato, y de las políticas de inmigración de Biden que, según los republicanos, lo causaron, ocupó un lugar destacado en la campaña presidencial de Donald Trump y también en las de los republicanos con menos votos.
Se tiene que precisar que la Ley Laken Riley anularía precedentes de la Corte Suprema de EE.UU. y dará a estados como Texas la capacidad de presentar los tipos de demandas de inmigración contra el Gobierno federal que han sido rechazadas por los tribunales, incluidos los jueces conservadores, dicen expertos legales; siendo una ley que iría más allá, pues daría a los fiscales generales de los estados múltiples formas de intervenir en la forma en que el Gobierno federal aplica la ley de inmigración.
Ello quiere decir que los estados podrían interponer demandas cuando consideren que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no está aplicando en toda su extensión los mandatos de la ley que obliga a detener a determinados migrantes.
Asimismo, los estados también podrían interponer demandas federales contra las decisiones del DHS o de los jueces de inmigración de poner en libertad a inmigrantes detenidos por presuntos delitos en sus entidades.
Y las nuevas facultades legales solo se ejercerían en un sentido, es decir, los estados podrían demandar al Gobierno federal por decidir poner en libertad a un inmigrante indocumentado bajo custodia, pero no autoriza demandas estatales para cuando una persona esté presuntamente detenida ilegalmente.
En tanto que los fiscales generales estatales también podrían solicitar órdenes judiciales federales para obligar al Departamento de Estado de EE.UU. a dejar de expedir visados a personas de un país que se niegue a aceptar a nacionales susceptibles de ser deportados.
Según Aaron Reichlin-Melnick, miembro del American Immigration Council, una disposición de este tipo permitiría, por ejemplo, al fiscal general de Texas, Ken Paxton, solicitar la prohibición de todos los visados para trabajadores cualificados procedentes de China o el fin de todo el turismo de negocios procedente de la India, porque esos países se niegan a repatriar a sus ciudadanos.
Las partes de la ley que obligarían a detener a los inmigrantes acusados de determinados delitos son de los puntos que más han llamado la atención; pues entre los nuevos delitos por los que un inmigrante podría ser objeto de detención obligatoria en virtud de la Ley Laken Riley, figuran los delitos no violentos, como el hurto y el robo.
*Con información de CNN.
