Frida Fonseca Quezada
Aguascalientes, Ags.– Un llamado público y urgente emitió el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSG) al Gobierno del Estado, a la opinión pública y a los medios de comunicación, ante la reciente incorporación de Juan Luis Galán Ruiz a la estructura de la Fiscalía General del Estado como elemento estratégico de justicia y seguridad.
Es relevante mencionar que el OVSG argumenta que el funcionario cuenta con un historial de antecedentes judiciales por omisión, encubrimiento y evasión de la justicia, así como una trayectoria señalada por ir en contra de los derechos humanos.
Aunado a ello el Observatorio detalló que durante la titularidad de Galán Ruiz en la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía General del Estado de Puebla, diversas organizaciones de defensa de derechos humanos lo señalaron directamente por obstaculizar procesos de acceso a la justicia y por proteger agresores que fueron detenidos.
Refiriendo que su paso por dicha entidad se caracterizó, según el documento, por el uso político de la fiscalía y por señalamientos de enriquecimiento ilícito que nunca fueron investigados “debido a la complicidad del sistema”.
Y agregan que la gravedad de sus antecedentes se confirmó cuando, tras diversas investigaciones, en el año 2021 se giró una orden de aprehensión en su contra; ante lo cual Galán Ruiz tramitó un juicio de amparo para evitar ser encarcelado por delitos cometidos durante sus funciones como servidor público, tales como el encubrimiento.
Por lo que el OVSG, en apego al derecho a la protesta y a la participación ciudadana en temas de seguridad pública, ha planteado dos exigencias directas al Gobierno del Estado de Aguascalientes, la primera la cancelación inmediata de cualquier proceso de contratación, asesoría externa o nombramiento de Juan Luis Galán Ruiz en cualquier dependencia del Gobierno del Estado de Aguascalientes.
Demandando además que se hagan públicos los resultados de los controles de confianza de los altos mandos de seguridad, incluyendo la revisión de antecedentes de violaciones a Derechos Humanos en otros estados, y no solo antecedentes penales vigentes.
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