Frida Fonseca Quezada
Aguascalientes, Ags.- El Congreso de Aguascalientes aprobó este jueves, con 23 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones, la reforma que busca dotar a los municipios de herramientas jurídicas para intervenir en casos de faltas administrativas cometidas por menores y exigir corresponsabilidad a madres, padres y tutores, misma que fue impulsada por el diputado Emanuelle Sánchez Nájera, del Grupo Parlamentario Mixto Fuerza por Aguascalientes.
Al respaldar su iniciativa ante el pleno Sánchez Nájera explicó que la propuesta surge ante una realidad “cada vez más latente”, especialmente en la zona oriente del estado y áreas conurbadas: el incremento de conductas antisociales y faltas administrativas por parte de menores de edad, así como la falta de facultades municipales para atender el problema de forma efectiva.
En su intervención el legislador perredista reveló, que en el análisis previo a la iniciativa, se detectó que alrededor del 40% de los menores presentados ante autoridades municipales ni siquiera son reclamados por sus tutores, lo que deriva en una “puerta giratoria” donde los adolescentes regresan a las calles sin atención, seguimiento ni responsabilidad parental.
Resalta que la nueva disposición otorga a los municipios la facultad de citar formalmente a padres o tutores de menores detenidos por faltas administrativas; además de aplicar medidas restaurativas y educativas con participación de los DIF municipales; e incluso, en casos de desacato reiterado, arrestar a los adultos responsables para obligarlos a atender la situación de sus hijos.
Ante sus homólogos Sánchez Nájera precisó que no se trata de una medida punitiva, sino de una herramienta de “crianza positiva” que permitirá diagnosticar lo que ocurre con cada menor y orientar a sus familias para corregir conductas antes de que escalen.
Mencionando como ejemplo la agresión registrada en una escuela pública, donde un alumno fue golpeado por compañeros hasta requerir atención médica, resaltando que ello ilustran la urgencia de contar con un marco legal que permita llamar a cuentas a los padres y actuar de manera preventiva.
Vale la pena señalar que según el representante popular del Sol Azteca la propuesta fue trabajada durante más de un año y se encuentra respaldada por la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; así como el DIF estatal y los municipales; la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y hasta los Municipios participaron en su revisión.
El legislador dejó en claro que la reforma no invade competencias municipales ni sustituye sanciones previstas para infracciones ya reguladas, sino que complementa la actuación de las autoridades cuando un menor es presentado por una falta administrativa.
Sánchez Nájera concluyó que la medida busca fortalecer la corresponsabilidad parental, prevenir conductas de riesgo y brindar herramientas efectivas a los municipios para atender una problemática que afecta la seguridad y el bienestar de la sociedad aguascalentense.
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