Frida Fonseca Quezada
Aguascalientes, Ags.- Será el próximo 6 de enero de 2026 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la Acción de Inconstitucionalidad 172/2024 y su acumulada 173/2024, promovidas por el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra diversas disposiciones relacionadas con la interrupción del embarazo del Código Penal de Aguascalientes, informó el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Según GIRE explico la impugnación se dirige a los artículos 101, 103 y 196 del Código Penal estatal, normas que penalizan el aborto voluntario después de la sexta semana de gestación, además de que imponen requisitos médicos considerados desproporcionados para acreditar abortos espontáneos o alteraciones genéticas del producto, y mantienen sanciones penales en casos de aborto culposo provocado por terceros, aun cuando no se castigue directamente a la mujer embarazada.
Aunado a ello se informa que la Corte analizará si la reducción del plazo legal para interrumpir un embarazo, de 12 a 6 semanas, y la criminalización posterior vulneran el derecho a decidir, la autonomía reproductiva y el derecho a la salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
GIRE subraya que este caso tiene como antecedente la reforma aprobada por el Congreso de Aguascalientes el 28 de agosto de 2024, la cual calificó como un retroceso en materia de derechos reproductivos, al reducir el plazo del aborto voluntario.
Recordando que apenas hace un año antes, el 30 de agosto de 2023, la SCJN había ordenado al Congreso local eliminar las normas que criminalizaban de manera absoluta el aborto consentido, lo que llevó a su despenalización hasta la semana 12.6 de gestación en diciembre de ese mismo año.
Y advierte que ocho meses después, los legisladores locales aprobaron una nueva reforma que redujo nuevamente el plazo, pese a que el máximo tribunal ya había establecido que 12 semanas es el mínimo razonable para garantizar el acceso al aborto, criterios que también coincide con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Resaltando que el proyecto elaborado por el ministro Irving Espinosa Betanzo, propone declarar inconstitucionales los artículos impugnados, al considerar que conforman un sistema normativo que sanciona de manera más restrictiva a quienes deciden interrumpir un embarazo, incluso en el primer trimestre.
Según también advierte el documento la penalización del aborto desincentiva la prestación de servicios de salud, refuerza la estigmatización y contradice los principios de un Estado democrático de Derecho, por lo que resulta indispensable apostar por políticas públicas de salud, educación sexual integral y acceso a información.
Finalmente, GIRE hizo un llamado a la SCJN para garantizar el acceso al aborto voluntario en Aguascalientes, eliminar las barreras legales que lo restringen y establecer un marco jurídico que respete la autonomía reproductiva y el derecho a decidir, conforme a los criterios del propio tribunal y a los estándares internacionales en la materia.
Menu
Menu
