SCJN pausó discusión sobre reforma al aborto en Aguascalientes

Frida Fonseca Quezada
Aguascalientes, Ags.– La discusión sobre la reforma al aborto en Aguascalientes quedó en pausa el 6 de enero de 2026, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró el proyecto que analizaría la constitucionalidad de la reducción del plazo legal para la interrupción voluntaria del embarazo, de 12 a seis semanas.
Con la decisión del máximo tribunal se frenó el debate previsto para los primeros días del año y mantuvo vigente la restricción aprobada por el Congreso local en agosto de 2024, una medida que organizaciones civiles califican como un retroceso en los derechos reproductivos y un golpe al derecho a decidir de las mujeres.
Es de mencionar que según declaraciones a la agencia EFE, de la directora de Católicas por el Derecho a Decidir México, Aidé García Hernández, el aplazamiento prolonga la incertidumbre jurídica y médica en una de las entidades más conservadoras del país.
Asimismo señaló que el límite de seis semanas convierte el acceso al aborto legal en un “derecho ficticio”, ya que la mayoría de las mujeres no confirma un embarazo en ese periodo.
Por cierto que las activistas recordaron que dicha restricción contradice el criterio establecido por la propia Corte, que en 2023 declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto en México y fijó estándares nacionales en materia de salud reproductiva.
Llama la atención que el retiro del proyecto se dio además en un contexto de presuntas presiones políticas y religiosas, dado que en días previos, la jerarquía católica lanzó críticas públicas contra la SCJN, acusándola de “despreciar la vida”, mientras que colectivos de derechos humanos alertaron sobre la influencia de sectores conservadores, incluidos grupos vinculados al Partido Acción Nacional (PAN).
En tanto que ante tal panorama, organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos urgieron a las y los ministros a retomar el tema y sostener una postura progresista, al advertir que permitir plazos tan restrictivos podría sentar un precedente peligroso y abrir la puerta a que otros estados limiten, en los hechos, el acceso al aborto legal en el país.