El Congreso del Estado aprobó con 16 votos a favor, aportados por las bancadas del PAN, PRI y PRD, y el voto en contra de Morena, la reforma el Código Penal y la Ley de Educación local para ofrecer protección al personal docente, directivo y administrativo frente a denuncias infundadas, asedio y amenazas.
La reforma endurece de manera significativa las sanciones penales para quienes utilicen las plataformas digitales como herramientas de coacción o revancha contra los trabajadores de la educación.
Se tipifica un agravante de amenazar a un docente en el ejercicio de sus funciones, fijando penas de uno a tres años de prisión.Las reformas introducen un castigo severo contra el “linchamiento mediático”. Las penas por el delito de asedio por medios digitales, que actualmente oscilan entre uno y dos años de prisión, se incrementarán hasta en una mitad cuando el acoso sea cometido por alumnos, padres de familia o tutores en contra del personal escolar.
Las sanciones aumentarán hasta una mitad si se miente ante el Ministerio Público para fabricar un delito a un maestro, y el castigo se elevará aún más si los agresores manipulan o utilizan a menores de edad para sostener dichas falsedades.
Por otra parte, la reforma eleva a rango de obligación legal para las madres, padres y tutores el encauzar de forma estricta cualquier queja o inconformidad a través de los canales institucionales correspondientes, mandatando la abstención de realizar actos de difamación, violencia o acoso que vulneren la dignidad del magisterio.
