Frida Fonseca Quezada
Aguascalientes, Ags.– Demanda la presidenta del colectivo Salvemos La Pona, Sofía González Ponce, a las autoridades capitalinas evitar utilizar la defensa de La Pona como una plataforma política, advirtiendo que la lucha ciudadana no debe convertirse en una oportunidad para que los gobiernos “lleven agua a su molino”, y confirmando que los procesos legales promovidos para proteger el predio continúan vigentes.
En encuentro con los medios de comunicación la activista sostuvo que el reciente interés de las autoridades por impulsar la declaratoria de Área Natural Protegida coincide con una causa que durante años ha sido encabezada por la ciudadanía, por lo que consideró que existe el riesgo de que el trabajo realizado por la sociedad civil sea presentado como un logro gubernamental.
“Buscan jalar agua para su molino”, afirmó González Ponce, al señalar que la protección de La Pona no puede utilizarse para construir una narrativa de éxito político cuando anteriormente no existió apertura para escuchar las propuestas de quienes impulsaron la defensa del lugar.
En ese contexto, recordó que el colectivo mantiene activos procesos legales relacionados con la protección del predio, detallando que uno de los juicios de amparo, promovido tras los hechos ocurridos el año pasado en la zona de Monte, tendrá próximamente una diligencia judicial como parte del avance del procedimiento.
Aunado a ello la presidenta de Salvemos La Pona señaló que resulta contradictorio que las mismas autoridades que hoy presentan el proyecto como un logro sean las que anteriormente avalaron decisiones que derivaron en la promoción de recursos legales por parte de la ciudadanía.
Se refirió a que diversos actores políticos han buscado acercarse al movimiento ambiental, especialmente en épocas de mayor exposición pública, realizando actividades que, dijo, no representan un compromiso permanente con la conservación del ecosistema; subrayando en seguida que la defensa de La Pona ha sido sostenida por la ciudadanía organizada durante varios años, por lo que cualquier intento de apropiarse políticamente de esa lucha desvirtúa su origen y minimiza el trabajo de quienes han impulsado la protección del área desde el inicio.
Finalmente, reiteró que el colectivo está dispuesto a mantener diálogo con las autoridades, siempre que éste se desarrolle con transparencia y participación ciudadana efectiva, dejando claro que la protección de La Pona no pertenece a ningún gobierno ni partido político, sino a la sociedad que la ha defendido a través de la organización y de las vías legales, incluidos los juicios de amparo.
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