Frida Fonseca Quezada
Aguascalientes, Ags.– Cinco adolescentes de 15 años que reinciden en faltas administrativas podrían ser separados de sus familias, luego de que el Juzgado Cívico Especializado en Justicia para Adolescentes documentó que sus padres han desatendido de forma reiterada su cuidado e incumplido las medidas de seguimiento, informó el titular del área, Moisés de Luna Martínez.
El director de Juzgados Cívicos informó que los expedientes serán turnados a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que investigará si existen condiciones de abandono, omisión de cuidados o revictimización que justifiquen iniciar un procedimiento para la pérdida de la patria potestad.
Asimismo explicó que los cinco casos ya fueron presentados ante la Comisión de Justicia para Adolescentes de SIPINNA, donde participan autoridades de la Procuraduría, el sector Salud y otras instituciones estatales para realizar una evaluación integral de cada caso y determinar si los menores permanecen en un entorno que vulnera sus derechos.
Precisó que la intención del municipio no es imponer sanciones económicas a los padres, sino privilegiar el interés superior de los adolescentes, subrayando que, en estos cinco expedientes, las familias han ignorado de manera reiterada los citatorios del juzgado, los programas de seguimiento y las medidas de orientación, e incluso en algunos casos las autoridades han tenido que trasladar personalmente a los menores hasta sus domicilios debido a la ausencia de sus responsables.
Por lo anterior, consideró que una multa resultaría insuficiente y que corresponde a la Procuraduría investigar si existe abandono o negligencia parental; y añadió que los cinco adolescentes han sido presentados principalmente por intoxicarse o generar disturbios en la vía pública, conductas que, dijo, reflejan una falta de supervisión familiar.
Para concluir, subrayó que el objetivo del Juzgado Especializado es intervenir antes de que los adolescentes ingresen al sistema penal; aunque, cuando los padres incumplen de manera reiterada con su obligación de proteger y atender a sus hijos, las autoridades están obligadas a activar los mecanismos legales para salvaguardar sus derechos, incluso si ello implica valorar su separación del núcleo familiar.
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