Frida Fonseca Quezada
Aguascalientes, Ags.– Los actos anticipados de campaña no constituyen por sí mismos un delito electoral, y únicamente pueden derivar en una investigación penal cuando existe evidencia de que fueron realizados con recursos públicos, confirmó el fiscal especializado en Delitos Electorales de Aguascalientes, Daniel Omar Gutiérrez Ruvalcaba.
Interrogado al respecto luego de que el Instituto Estatal Electoral diera a conocer que han recibido diversas quejas por presuntos actos anticipados de campaña rumbo al proceso electoral de 2027, el fiscal electoral explicó que la mayoría de estos casos corresponden al ámbito administrativo y son competencia de las autoridades electorales, no de la Fiscalía.
Precisó que la Fiscalía Especializada únicamente interviene cuando existen indicios de un posible desvío de recursos públicos, ya sea económicos, materiales o humanos, para beneficiar a un aspirante o partido político; mencionando como ejemplo, que un servidor público podría incurrir en un delito si realiza actividades proselitistas durante su horario laboral, utiliza vehículos oficiales, personal gubernamental, instalaciones públicas o cualquier otro recurso financiado con dinero público para promover una candidatura.
Gutiérrez Ruvalcaba explicó: “El acto anticipado de campaña, por sí solo, no es un delito. Lo que investigamos nosotros es el uso indebido de recursos públicos para llevar a cabo esas actividades”, en seguida puntualizó que para abrir una carpeta de investigación es indispensable que exista una denuncia acompañada de elementos mínimos que permitan presumir la utilización de recursos públicos con fines político-electorales.
Detallando que la Fiscalía trabaja de manera coordinada con el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Electoral, pues mientras el IEE investiga y sustancia las denuncias por actos anticipados de campaña y el Tribunal determina si existió una infracción electoral, la Fiscalía sólo actúa cuando esas autoridades detectan posibles conductas delictivas y dan vista al Ministerio Público.
Finalmente el fiscal subrayó que esta coordinación busca garantizar que las faltas administrativas y los posibles delitos electorales sean atendidos por la autoridad competente, evitando que el uso indebido de recursos públicos afecte la equidad de las próximas elecciones.
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