Alexa Gómez Glez.
Aguascalientes, Ags.– Pese a una instalación de leyes que protegen económicamente a los refugiados en el país, durante la práctica se han visto violentados sus derechos vulnerando su independencia financiera y afectando trámites vinculados, y Aguascalientes no es la excepción a ello.
Desde el Colegio de Economistas exponen la falta de regulación durante los trámites bancarios, marcando faltas desde la apertura de cuentas de nómina.
Cuando los refugiados buscan iniciar esta gestión como requisito laboral, son rechazados al presentarse con su tarjeta del Instituto Nacional de Migración (INM), aún cuando la constitución los declara como su único documento de identificación valido para estas situaciones de acuerdo al artículo 44 de la Ley sobre Refugiados, así como al artículo 6 en la Ley de Migración
El problema se identifica en el desconocimiento y la poca empatía de los ejecutivos al encontrarse con los solicitantes, aceptando únicamente INE o pasaporte, cuando su realidad no les permite tener acceso a ninguno de los dos. Esta misma situación se repite en la recolección de remesas, donde las cadenas de envío solo dan seguimiento con el INE, obligando al titular a involucrar a terceras personas para recibir el dinero.
Otro punto destacado es la deficiencia del sistema de bancos, al no estar adaptado a la población con un solo apellido termina negando el servicio a las personas que en su cultura no existe un segundo nombre de familia, como los originarios de Haití quienes predominan cada vez más en este sector vulnerable de Aguascalientes.
El modelo utilizado por las empresas asociadas con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se basa en acuerdos mutuos del Programa de Integración Laboral (PIL).
La situación debe ser prioridad para el estado, al convertirse en un destino directo para la migración forzada con más de 4 mil habitantes protegidos. Más allá de las cuestiones humanitarias, su regularización representaría una derrama económica cercana a los 210 millones de pesos en la generación de empleo, y en consecuencia, el consumo diario de familias completas.
Diana Martínez Pontón, economista e investigadora del Colegio, plantea 4 estrategias base para el respeto e inclusión financiera de los refugiados: La homologación de criterios, reconociendo la tarjeta INM sin excepciones como documento oficial; capacitación a ejecutivos en temas burocráticos y sociales; el ajuste de sistema para el registro de cuentas de un solo apellido; y nóminas sin candado para el depósito de sueldos y apoyos por encima de los 6 mil pesos.
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