Frida Fonseca Quezada
Aguascalientes, Ags.– La transición hacia los vehículos eléctricos y la incertidumbre comercial están frenando decisiones de inversión en Aguascalientes, particularmente en la industria automotriz, advirtió Erika Muñoz Vidrio, presidenta de Canacintra Aguascalientes.
La empresaria señaló que el cambio tecnológico representa un desafío para la cadena de proveeduría, debido a que los vehículos eléctricos requieren entre 30 y 40 por ciento menos piezas que los automóviles de combustión, a lo que se suma una mayor automatización, que podría reducir todavía más la necesidad de proveedores y mano de obra.
En encuentro con los medios de comunicación Muñoz Vidrio advirtió que esta combinación de factores puede llevar a algunas empresas a considerar el traslado de líneas de producción hacia Estados Unidos, donde la automatización podría resultar más rentable frente a los costos arancelarios, fiscales y laborales que enfrentan actualmente en México.
Ante este escenario, Canacintra impulsa una estrategia para diversificar la industria y reducir la dependencia del sector automotriz, buscando oportunidades de proveeduría en otras ramas productivas y en distintos estados del Bajío; y mencionó, como ejemplo, el acercamiento con una empresa alemana instalada en Querétaro, dedicada al sector agrícola, que proyecta cuadruplicar su capacidad instalada en cuatro años y analiza proveedores de Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí y Guanajuato.
Aunado a ello la presidenta de Canacintra sostuvo que Aguascalientes debe aprovechar sus capacidades industriales para abrir nuevos mercados, pero también fortalecer el talento y la mentefactura para evitar que la transición tecnológica se traduzca en pérdida de inversiones y empleos.
Advirtiendo que: “Eso es lo que no queremos que suceda”, al señalar que México debe dejar de competir únicamente por mano de obra y apostar por talento especializado, automatización, innovación y procesos de mayor valor agregado, de ahí que consideró indispensable que las grandes empresas faciliten financiamiento a las PyMEs proveedoras, pues los plazos de pago de hasta 120 días dificultan que estas compañías puedan sostener sus operaciones y financiar su propia transformación tecnológica.
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