Frida Fonseca Quezada
Aguascalientes, Ags.– Al asegurar que no se han otorgado nuevas licencias para bares en la ciudad, el secretario del Ayuntamiento de Aguascalientes, Enrique García López, mencionó que actualmente el gobierno municipal mantiene bajo observación dos establecimientos frente a la Universidad Autónoma de Aguascalientes por posibles irregularidades, principalmente por exceso de ruido y venta de alcohol a menores de edad.
Cuestionado en este sentido el funcionario capitalino explicó que, tras sostener un diálogo con el rector de la Máxima Casa de Estudios, Juan Carlos Arredondo, se acordó reforzar la supervisión en negocios ubicados en las inmediaciones del campus, ante inquietudes relacionadas con el impacto que estos generan en la comunidad universitaria y vecinos de la zona.
En seguida mencionó que en esa área no existen licencias específicas para bares, sino permisos bajo la modalidad de restaurante-bar, dejando en claro que el Ayuntamiento vigila permanentemente su operación para evitar faltas administrativas.
García López aseguró que: “Es una realidad que no se ha otorgado ninguna licencia nueva de esta naturaleza”, ello al descartar que durante el presente año se hayan autorizado nuevos establecimientos con venta de alcohol en esa zona.
De los negocios señalados, mencionó que dos cuentan con advertencias formales y ya han sido sancionados por incumplimientos, particularmente por rebasar los niveles permitidos de ruido y por detectar consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores, y recordó que la acumulación de dos sanciones consecutivas por este tipo de faltas puede derivar en el retiro definitivo de la licencia.
El secretario del Ayuntamiento también reconoció que uno de los problemas detectados es que algunas licencias se rentan o son operadas por terceros distintos a quienes originalmente las tramitaron, situación que buscan regular para evitar la proliferación descontrolada de establecimientos.
Finalmente, reiteró que si bien las licencias constituyen un patrimonio para sus titulares, el gobierno municipal tiene la obligación de vigilar su uso responsable y actuar conforme a la normativa cuando existan causas justificadas para sancionar o revocar permisos.
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