Buscarán castigar con hasta cuatro años de prisión a quienes utilicen dispositivos electrónicos, aplicaciones o programas de localización para rastrear a una persona sin su consentimiento.
Se trata de una propuesta de Ana Gómez, Yaszú Muñoz, Alejandra Peña y Rodrigo Mireles, adhiriéndose Emanuelle Sánchez Nájera, en que se advierte que hoy en día cualquier persona puede comprar un GPS, una etiqueta Bluetooth o instalar un programa espía en un celular para vigilar en tiempo real. Explicó que conocer las rutas y rutinas de una víctima sin su permiso es el primer paso para cometer delitos como acoso, violencia de pareja, extorsión, secuestro o feminicidio.
La iniciativa plantea sancionar este tipo de acoso con penas de 1 a 4 años de cárcel y multas de 100 a 300 días de salario. Además, el castigo aumentará hasta un 50% si quien comete la falta es un servidor público, personal de seguridad o trabajador de empresas de tecnología que aproveche su puesto para vigilar a alguien.
Por otro lado, la propuesta aclara que no será delito rastrear bienes propios, cuidar a hijas e hijos menores de edad, monitorear vehículos o herramientas de trabajo cuando se informe formalmente al empleado, o cuando una autoridad lo haga con la orden de un juez.
