Frida Fonseca Quezada
Aguascalientes, Ags.– El Poder Legislativo se mantiene al margen del caso Next Energy, al tratarse de un proceso legal en curso entre el Municipio de Aguascalientes y una empresa particular, con el objetivo de no entorpecer el juicio ni caer en especulaciones, afirmó la presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, Alma Hilda Medina Macías.
Ante los cuestionamientos de la prensa local por los llamados “silencios incómodos” en torno al tema, la diputada consideró que la detención de una persona relacionada con el caso debe verse como un avance, al confirmar que el proceso judicial ya se encuentra en una etapa formal.
Asimismo, recalcó que cualquier pronunciamiento anticipado por parte de actores políticos podría afectar el desarrollo del juicio, y dijo: “Es un proceso legal que tiene distintas fases. Hay una persona detenida y eso es parte del procedimiento, pero emitir opiniones sin conocer a fondo el expediente sería irresponsable”.
La legisladora Medina Macías subrayó que el Congreso no tiene injerencia directa en el caso, al tratarse de un asunto que se dirime entre un juez, una autoridad municipal y una empresa que no cumplió con lo prometido.
Y aun así, dijo confiar en que las autoridades judiciales actúen conforme a derecho y que el proceso tenga un resultado favorable para la ciudadanía, dado que se trata de recursos públicos por una cantidad significativa.
Respecto al posible llamado a comparecer de actores involucrados, como ha sido planteado desde otras instancias, la presidenta de la JUCOPO reiteró que el Legislativo ha optado por una postura prudente y respetuosa del debido proceso, evitando cualquier acción que pudiera interpretarse como presión política.
Dejando en claro que: “Lo único que esperamos es que se haga justicia y que el municipio y los ciudadanos recuperen esos recursos para que se traduzcan en obra pública”, finalmente Medina Macías señaló que, aunque el Congreso no ha sostenido reuniones con la Fiscalía por este caso, existe confianza en las instituciones y en que el dinero presuntamente involucrado se encuentre resguardado conforme a lo que marca la ley, mientras el juicio continúa su curso.
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