Frida Fonseca Quezada
Aguascalientes, Ags.– El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes alzó la voz para expresar su profunda indignación ante la reciente condena de 15 jóvenes que, quienes tras ser localizados en un campamento del crimen organizado, recibieron sentencias de entre 14 y 18 años de prisión.
Y es que de acuerdo con la organización civil, estos juicios, resueltos mediante procedimientos abreviados, ignoraron una realidad alarmante, que es que los sentenciados no se encontraban ahí por voluntad propia, sino que fueron víctimas de reclutamiento forzado, engaño y amenazas.
Vale apuntar que la organización defensora de derechos humanos, quienes han acompañado de cerca a las familias de estos jóvenes, presentó pruebas contundentes a través de un macro-peritaje y testimonios directos, subrayando que los documentos revelan un patrón de operación criminal donde los jóvenes, en contextos de vulnerabilidad, son atraídos con falsas ofertas de empleo para luego ser privados de su libertad y obligados a integrarse a dinámicas delictivas bajo coacción.
Se debe comentar que para el Observatorio, estas trayectorias no son decisiones libres, sino el resultado de un sistema que les falló y que ahora los castiga por segunda vez; de ahí que la crítica principal recae sobre las instituciones del Estado, a quienes se les señala de ser omisas al no reconocer el reclutamiento forzado como un delito autónomo.
Señalando que al centrar la respuesta gubernamental únicamente en la persecución penal, se reproduce una lógica de criminalización de la pobreza y de la juventud, por lo que el Observatorio sostiene que procesar como delincuentes a quienes originalmente salieron a buscar un trabajo digno y terminaron atrapados en la violencia estructural no es justicia, sino una grave revictimización.
Ante este panorama, el organismo civil exige una revisión exhaustiva de los casos con un enfoque centrado en las víctimas y la implementación urgente de protocolos que permitan identificar el reclutamiento forzado dentro de los procesos penales; al tiempo que hicieron un llamado al Gobierno del Estado de Aguascalientes y a la Secretaría de Gobernación para generar políticas públicas reales de prevención y reintegración que protejan a las juventudes en riesgo antes de que sean captadas por el crimen.
Finalmente, el Observatorio reiteró su compromiso de seguir acompañando a las familias que hoy enfrentan la doble pena de la ausencia de sus seres queridos y la estigmatización social; y bajo la consigna de que la violencia institucional no puede ser la respuesta a la violencia social, los activistas advirtieron que no se puede normalizar el hecho de que el sistema judicial cierre los ojos ante la coacción, convirtiendo a jóvenes vulnerables en los rostros de una criminalidad que ellos no eligieron.
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