Frida Fonseca Quezada
Aguascalientes, Ags.– Desde el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSG) se emitió una enérgica denuncia pública ante lo que calificó como un uso violento y desproporcionado de la fuerza pública en contra de trabajadores del Centro Comercial Agropecuario.
Y es que según lo que la organización señaló el saldo de estos hechos fue de al menos cinco personas detenidas, quienes presuntamente fueron víctimas de golpes y diversas violaciones a sus derechos humanos durante el operativo; recordando que entre los afectados se encontraba un menor de 18 años, quien ya fue puesto en libertad, mientras que cuatro comerciantes más permanecen privados de su libertad.
Actualmente, las personas detenidas enfrentan un proceso penal bajo el cargo de amenazas y se encuentran recluidas en los Centros de Reeducación Social (Ce.Re.So.) varonil y femenil de la entidad, a la espera de que se defina su vinculación a proceso; subrayando el OVSG que estas detenciones ocurrieron en un contexto de manifestaciones donde los comerciantes exigían el derecho a trabajar de manera libre y digna, denunciando además que los registros oficiales de estas capturas aparecieron en el Sistema Nacional de Detenciones con retraso.
Este incidente se suma a una serie de agresiones que, según el organismo, el sector comercial del Agropecuario ha padecido en los últimos años, incluyendo extorsiones, homicidios y, más recientemente, desalojos y violencia policial; por ello el Observatorio exige a las autoridades estatales un informe detallado sobre el estado de salud de quienes permanecen presos, atención inmediata para los lesionados y la liberación de los comerciantes.
Finalmente, la organización civil solicitó la apertura de una investigación independiente que permita sancionar a los responsables de los abusos físicos denunciados, postura que se alinea con el inicio de una investigación de oficio por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, la cual analiza material audiovisual para determinar la posible participación de servidores públicos en actos que vulneren la integridad de la ciudadanía; culminando con la demanda a las autoridades de detener la violencia contra quienes trabajan diariamente para el sustento de sus familias y a garantizar un entorno de seguridad y respeto a la legalidad.
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