Por Antonio Aguilar
Tal parece que en simples buenas intenciones se sigue quedando la Ley para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Aguascalientes, creada hace más de dos años a iniciativa de la panista Nancy Gutiérrez y la morenista Leslie Figueroa, ley que contempla la conformación de un Mecanismo y Consejo interinstitucional y con la representación de los sectores a quienes se pretende proteger.
En fin que como bien sabemos, a la pasada legislatura no les gustaron los perfiles que se inscribieron para representar a sus respectivos sectores (periodistas: Ángel Dávalos y Federico Díaz de León; Activistas: Angélica Contreras), aunque luego andaban diciendo que la convocatoria no fue atendida por que no eran cargos pagados.
Total que tras parchar la ley y especificar requisitos más claros, este martes 13 de octubre entró en vigor la reforma y con ello se acabaron los pretextos para convocar a las y los interesados y por fin poner en marcha las acciones que hagan falta para la protección de activistas y periodistas, ya que incluso la convocatoria fue emitida en comisiones y está a punto de publicarse.
¿Es necesario un mecanismo de protección? claro que sí, hay que recordar solamente por mencionar un ejemplo, las constantes amenazas lanzadas a la activista Mariana Ávila Montejano, quien inclusive ha tenido que salir de la entidad sin que nadie mueva un dedo para protegerla; las intimidaciones lanzadas a periodistas como Benny Díaz y más recientemente a Mario César Macías o Erick Ramírez por un video sacado de contexto producto de una venganza personal hacia el “Palestro”.
En dichos casos absolutamente ninguna instancia ha actuado de oficio, tal y como se hizo con las lamentables amenazas al obispo Juan Espinoza Jiménez. Y no caigamos en la absurda lógica ilógica de que si alguien critica cómo se está actuando para proteger al prelado, es porque se apoya a sus detractores, es simplemente un ejemplo.
Qué bueno que las autoridades, sin denuncia de por medio, hayan atraído el caso del mentado “Lápiz”, cuyo actuar es totalmente condenable, pero igualmente es lamentable que las autoridades no muevan un dedo ante las amenazas hacia activistas y periodistas.
Y regresando con la convocatoria, tal parece que la reciente reforma más allá de clarificar los requisitos solamente los hizo más burocráticos, dado que más allá de los requisitos razonables, se solicitan documentos como carta de no antecedentes penales (también se la deberían pedir a los diputados) y constancia de no inhabilitación, por lo que las y los periodistas y activistas que deseen participar deberán aventarse su peregrinación burocrática para lograr estos documentos y de paso desembolsar 150 y 165 pesos, respectivamente por ellos. Luego por qué nadie se inscribe.
Esperemos que este “esfuerzo” legislativo tenga utilidad y al menos se escuche a las partes involucradas y se garantice su protección.
