Frida Fonseca Quezada
Aguascalientes, Ags.– Al cuestionar que se ponga en duda la figura de área natural protegida para La Pona, Sofia González Ponce, representante de la Asociación Civil Salvemos La Pona, recordó que dicho espacio ya cuenta con antecedentes técnicos para su protección.
La activista ambientalista pidió que la ciudadanía participe en la elaboración del nuevo estudio justificativo para ampliar la protección ambiental de este espacio en Aguascalientes, al considerar que las decisiones sobre su futuro deben incluir a quienes han defendido y estudiado el área.
La integrante de la asociación recordó que el propio Ayuntamiento adquirió La Pona con el propósito de declararla área natural protegida, subrayando que las escrituras compartidas por el municipio establecen ese objetivo en su cláusula tercera, por lo que cuestionó que ahora se plantee la posibilidad de optar por otra figura de protección.
González Ponce, señaló que en 2010 se realizaron trabajos para impulsar la declaratoria y que, en 2018, se elaboró un estudio previo justificativo que sirvió para proteger una tercera parte de La Pona; detallando que el documento de 2018 retomó información de un estudio anterior, elaborado en 2010, cuya declaratoria no llegó a publicarse en el Periódico Oficial del Estado y, por tanto, no produjo efectos legales en aquel momento.
La activista explicó que el estudio justificativo es un requisito para determinar si un territorio reúne las características necesarias para ser declarado área natural protegida, de ahí que consideró importante que el nuevo análisis no se limite al trabajo técnico, sino que incorpore conocimientos de especialistas, organizaciones y habitantes para construir un diagnóstico más completo.
Con respecto a la posibilidad de que La Pona sea declarada bosque urbano, reconoció que esta figura también podría contribuir a su protección y que ambas categorías no son necesariamente incompatibles.
Y es que advirtió que existen diferencias en su administración, dado que un bosque urbano estaría principalmente bajo la Secretaría de Servicios Públicos, mientras que un área natural protegida correspondería a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; por lo que la agrupación Salvemos La Pona resaltó que la discusión debe centrarse en garantizar la conservación del espacio y una participación ciudadana efectiva en las decisiones sobre su futuro.















