Comunicado
Aguascalientes, Ags.- Iván de Jesús Sosa Ponce, de 32 años de edad, originario de Aguascalientes, era padre de familia y árbitro de fútbol. Estuvo luchando contra un trastorno de depresión y ansiedad desde hace 13 años, por lo que se encontraba en tratamiento psiquiátrico y atención psicológica; en noviembre del 2024, su depresión y la ansiedad empeoraron, lo que generó un consumo problemático de medicamento controlado (Clonazepam).
El 20 de noviembre del 2024, en compañía de su pareja Lesly, acudieron a consulta médica de psiquiatría; un especialista les recomendó ingresar a Iván a un centro de rehabilitación. Con el apoyo de su familia, y de forma voluntaria, ese mismo día Iván ingresó al “Centro de Rehabilitación CRREAD A.C.: Esperanza, Caridad y Fe, unidad de tratamiento especializado en adicciones, unidad uno”, ubicado en el Barrio de la Salud. Su familia decidió ingresar a Iván a este centro debido a que, en el mismo, les dieron información sobre su certificación.
Lesly y sus hijas/os visitaron a Iván en tres ocasiones; durante las mismas, siempre hubo personal del Centro escuchando sus conversaciones. El 24 de diciembre, (la segunda visita que tuvieron), Lesly notó extraño a Iván, quien estaba callado y parecía distante, lo que su familia interpretó como un retroceso en su proceso de rehabilitación. Lesly le preguntó si algo sucedía, pero Iván negó que algo estuviera ocurriendo. El día 31 de diciembre fue su tercera visita, y la última vez que Lesly y sus hijos verían a Iván con vida.
“El día 31 fuimos y lo vimos, cenamos, convivimos y le llevamos un regalo; yo lo veía bien, un poco distraído pero solamente”, comentó Lesly.
El día primero de enero, a las 8:15 de la mañana, Lesly recibió una llamada del encargado del Centro de Rehabilitación pidiéndole que se trasladará al Hospital Hidalgo, ya que, según esta persona, Iván se cayó en el baño y había convulsionado. Cuando llegaron con la trabajadora social del Hospital Hidalgo, le informaron que Iván había fallecido.
“Antes de irnos a Fiscalía, personas que trabajan en el Centro, (quienes además trasladaron a Iván al hospital) le dijeron a mi suegra que él no se había caído en el baño, sino que lo habían encontrado en su cama, que cuando lo fueron a levantar ya se estaba convulsionado; entre ellos mismos se van contradiciendo.”
Menos de 24 horas de haber visto Iván durante su última visita en el Centro de Rehabilitación, su familia no tiene certeza de qué fue lo que sucedió entre el día 31 de diciembre y el día primero de enero. El certificado de defunción de la Secretaría de Salud indica que Iván murió por asfixia por obstrucción de las vías respiratorias; otro de los apartados del mismo certificado, muestra que el tipo de defunción fue por agresión y que corresponde a una muerte violenta; cabe mencionar que su familia no pudo ver en qué condiciones fue llevado al hospital.
Lesly y Gladys, hermana de Iván, relatan que se presentaron al Centro de Rehabilitación y pidieron que les mostraran el contrato que firmaron cuando Iván fue ingresado al Centro. La única respuesta que tuvieron por parte del encargado del mismo fue que no tenía el personal adecuado para atender a su esposo.
“Yo los veía como si nada, sonriendo y riéndose, y pensaba ¿cómo pueden estar así, como si nada estuviera pasando? Mi esposo acaba de morir aquí.”
La Fiscalía le pidió a la familia de Iván un plazo de 15 días para completar la investigación. Al cumplirse este plazo y presentarse para conocer los avances de la misma, la autoridad se negó a entregar las copias de su carpeta de investigación; la familia de Iván no recibió ningún tipo de apoyo institucional y se ha tenido que enfrentar a la falta de respuestas para el acceso a la verdad y de justicia.
Irregularidades en la operación de los Centros de Rehabilitación
La Asociación Civil CRREAD, con sus centros de rehabilitación certificados, ha sido beneficiada por el programa Reintegra, operado a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de Desarrollo Social, según información de un boletín de prensa publicado el 20 de agosto del 2024, en sus redes sociales.
De acuerdo con el Directorio Nacional de Establecimientos Residenciales Reconocidos por la CONASAMA (Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones), hasta diciembre de 2024, son solamente 11 los Centros de Rehabilitación regulados en nuestra entidad, entre ellos los pertenecientes a CRREAD, quienes tienen desde el 2019 diversas denuncias por operar de manera irregular y negligente.
En febrero de 2019, el OVSGAGS acompañó y denunció el secuestro de una mujer que fue internada por personal de un Centro de Rehabilitación de CRREAD, asociación que cuentan con más de una centro de rehabilitación en Aguascalientes; de acuerdo con su sitio de internet, operan 33 centros de tratamiento en total en 14 estados de la República (Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Puebla, Veracruz, Guerrero, Aguascalientes y Guanajuato).
En mayo de 2024, José Alberto García, de 52 años de edad, quien se encontraba internado en un Centro de Rehabilitación CRREAD ubicado en la colonia Altavista, falleció a causa de un supuesto infarto. De acuerdo con la información recabada por medios de comunicación, José se encontraba dentro del anexo cuando de pronto tuvo dificultades para respirar, por lo que decidió salir a la calle; al hacerlo se desvaneció y quedó tirado sobre la banqueta; derivado de las noticias difundidas en medios de comunicación sobre lo sucedido en estos centros de rehabilitación, han surgido decenas de testimonios de los abusos y violencias que se viven en los Centros de Rehabilitación CRREAD.
La incertidumbre respecto a lo que sucede dentro de los centros de rehabilitación, así como la forma dudosa en la que operan y que aún así obtienen “certificaciones”, ha dejado sin alternativas, en soledad y desprotegidas a las familias que buscan el acceso a la salud y el bienestar de sus seres queridos y queridas.
Aunado a ésto, la muerte violenta de Iván de Jesús Sosa Ponce, pone en evidencia la negligencia e irregularidades de estos centros de rehabilitación, que junto a la Fiscalía se niegan a dar respuesta sobre lo sucedido ese 1 de enero, generando así violaciones graves a los derechos humanos y falta de acceso a la verdad y la justicia.
*Información de Observatorio Digital.
