Redacción
México.- En caso de que cualquier concesionario de radio y televisión transmita la polémica campaña antiinmigrante de Donald Trump, lo pagará muy caro, toda vez que Claudia Sheinbaum impulsa una reforma a la ley en la que se establecen multas de entre el 2% y el 5% de los ingresos totales del concesionario que emita propaganda de gobiernos extranjeros
Especialmente tomando en cuenta que los principales concesionarios de radiodifusión mexicanos, Televisa y TV Azteca, están en manos de dos de los hombres más ricos del país, destacando que las multas alcanzarían cifras estratosféricas.
De acuerdo a lo que fuentes del Gobierno federal informaron a EL PAÍS, los empresarios de radio y televisión han condenado la propuesta toda vez que no se les tomó en cuenta y consideran muy elevadas las penalizaciones.
Siendo de comentar que la iniciativa de ley será aprobada de manera exprés este miércoles en el Senado y enviada inmediatamente para su ratificación a la Cámara de Diputados; revelándose que la propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que las sanciones estarán a cargo de la Secretaría de Gobernación, a la que se le restituyen atribuciones en la vigilancia de los concesionarios.
La misma asimismo precisa: “Se sancionará con multa por el equivalente de 2% hasta el 5% de los ingresos del concesionario, autorizado, programador, o plataforma digital por […] incumplir la prohibición de publicidad establecida en el artículo 210 de la ley”, indica la iniciativa. Dicho artículo establece: “Los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en el país no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras, con excepción de la promoción turística o cultural. Tampoco se permitirá que gobiernos extranjeros utilicen los medios de comunicación nacionales para influir en los asuntos internos del país”.
Aunado a ello se menciona que el mismo artículo extiende la misma prohibición, y la posibilidad de las mismas multas, a las plataformas digitales, desde las de redes sociales como X hasta las de servicios de streaming como YouTube.
Toda vez que refiere: “Las plataformas digitales, cuyos contenidos estén disponibles en el territorio nacional, no podrán comercializar espacios publicitarios para la difusión de publicidad, propaganda o cualquier información de gobiernos extranjeros distinta de aquella que tenga fines culturales o turísticos”.
Ello tras la transmisión en medios nacionales de la agresiva campaña contra los migrantes patrocinada por Washington, misma que ha acaparado esta semana los titulares, y ha tocado fibras nacionalistas entre las autoridades mexicanas.
En el primer spot de la campaña se muestra a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, lanzando una advertencia a las personas que ingresen a su país ilegalmente de que serán “cazadas” y deportadas; anuncio en inglés y con subtítulos, transmitido a través de los canales y programas de mayor audiencia de Televisa, aunque el Gobierno ya ha identificado también la difusión del spot en radios locales de los Estados, en cuyo caso se emite con doblaje en español.
Según información pública, Televisa, propiedad de Emilio Azcárraga Jean, obtuvo en 2024 ingresos por 62.261 millones de pesos; mientras que TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, tuvo ingresos de 15.100 millones de pesos en 2022, último año consultable, pues la televisora dejó de cotizar en la Bolsa; de tal suerte que sí la ley aplicase de inmediato a la cadena de Azcárraga Jean, la multa a la que se haría acreedora oscilaría entre 1.245 y 3.113 millones de pesos.
Es relevante precisar que el proyecto señala que la administración del espectro radioeléctrico estará en manos de la poderosa Agencia de Transformación Digital (ATD), encabezada por Pepe Merino, uno de los colaboradores más cercanos de la presidenta Sheinbaum.
Y dicha ley indica que la gestión del espectro es una prioridad pública, ya que “su adecuada administración garantizará la disponibilidad de este recurso para atender la creciente demanda de comunicación inalámbrica”.
Al tiempo que afirma que es necesario garantizar el acceso equitativo al espectro, la innovación tecnológica y la optimización de uso de manera eficiente y sostenible. “Con una planificación estratégica, se puede cerrar la brecha digital, mejorar la competitividad del país y garantizar que más personas se beneficien de las oportunidades que ofrece la digitalización”, asienta.
De manera que en los hechos, la ATD tomará el rol que tuvo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), desaparecido por la Administración de Sheinbaum junto a un cúmulo de instituciones gubernamentales autónomas; agencia que tendrá a su cargo la elaboración y aprobación de planes y programas de uso del espectro; el establecimiento de condiciones para la atribución de bandas de frecuencia; el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y constancias de registro; la supervisión de las emisiones radioeléctricas y la aplicación del régimen de sanciones; en resumen, el Ejecutivo volverá a tener el control absoluto sobre las concesiones del espectro.
Pero ello no es todo pues la iniciativa plantea que, si bien el Gobierno supervisará que los contenidos respeten los derechos humanos y de las audiencias, los concesionarios tendrán “plena libertad de expresión, libertad programática, libertad editorial”, y se asegura que no habrá “censura previa sobre sus contenidos”.
Señalando además que las audiencias y los usuarios “son el componente más importante en el ecosistema de las telecomunicaciones, son por ellos y para ellos los servicios que ofrecen los concesionarios”, por lo que se diseña un andamiaje robusto para garantizar sus derechos a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
*Con información de El País.
