Redacción
Aguascalientes, Ags.- No más indiferencia por parte de las autoridades federales, no más impunidad y no más política de abrazos y no balazos exigió el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática de Aguascalientes, Oscar Estrada Escobedo.
El líder del Sol Azteca en la entidad dejo en claro que ‘la crisis de violencia que atraviesa Jalisco es una señal alarmante de lo que ocurre en todo el país’ lo cual quedó reiterado con ‘los recientes hallazgos de centros de exterminio dejan claro que la inseguridad ha rebasado todos los límites y que la estrategia actual ha fracasado rotundamente; no podemos seguir normalizando el terror ni permitiendo que las víctimas queden en el olvido’.
Oscar Estrada además dijo: “El gobierno federal no puede seguir evadiendo su responsabilidad. Estos centros de exterminio nos hablan de una crisis de violencia brutal que el gobierno no ha sabido frenar. Esto no es casual, se debe a una política errónea que, lamentablemente, se originó en el sexenio anterior bajo la premisa equivocada de ‘abrazos, no balazos’”.
Calificando de inaceptable el ‘que las autoridades continúen minimizando la gravedad de la situación o se enfoquen en deslindar responsabilidades en lugar de actuar con firmeza, la violencia que hoy azota a Jalisco no es un caso aislado, sino el resultado de una política fallida que ha permitido el crecimiento de la delincuencia con una postura complaciente’, y subrayó que ‘la ciudadanía exige respuestas y soluciones reales, no discursos vacíos ni promesas incumplidas’.
Por lo que señala ‘es fundamental que el gobierno federal asuma su papel y brinde la seguridad y justicia que la ciudadanía demanda, es urgente una estrategia integral y coherente que erradique de raíz la violencia, combatiendo tanto a las organizaciones criminales como la impunidad que ha prevalecido durante años’.
Escobedo Estrada sentenció finalmente ‘exigimos al Gobierno Federal no solo que atraiga las investigaciones, sino que actúe de manera decidida para ponerle fin a esta ola de violencia que azota a nuestro país, la seguridad de los ciudadanos no puede ser un tema de competencia entre niveles de gobierno; es una obligación de todos los actores políticos y de las instituciones federales’.
