Redacción
Aguascalientes, Ags.- La Alianza por la Defensa de la Naturaleza Aguascalientes (ADN-A), integrada por diversas organizaciones sociales, denunciaron en encuentro con los medios de comunicación la intervención de actores externos al juicio de amparo contra el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), lo cual ha provocado la suspensión del procedimiento y el retraso en su resolución.
Es relevante precisar que el POEL es un instrumento clave para ordenar el crecimiento urbano y proteger las zonas ecológicas del municipio; por ello, retrasar la resolución del amparo contra la reforma afecta directamente la calidad del aire, el acceso al agua, la protección de especies endémicas, y hasta la temperatura de las colonias.
Aunado a ello la Alianza señaló que Viviana Paola Pérez Preciado, abogada del despacho Corporativo Blumen, con sede en Guadalajara; ha promovido nueve recursos jurídicos improcedentes a nombre del biólogo Luis Fernando Gallardo Cabrera, quien no forma parte del juicio y carece de legitimidad para intervenir.
Situación que ha llevado al Juzgado Séptimo de Distrito a detener el avance del juicio para resolver cada recurso, lo cual entorpece el acceso a la justicia y pone en riesgo el derecho humano a un ambiente sano en Aguascalientes.
Respecto de lo cual Alejandro Larios, director de Conversa Sur, organización integrante de la Alianza afirmó: “Estamos preocupados porque esta práctica, que no tiene justificación legal, coincide con un contexto de fuertes presiones inmobiliarias sobre el territorio”,.
Durante la conferencia, también se recordó que el juicio de amparo fue interpuesto porque el nuevo POEL fue aprobado sin participación ciudadana real, sin garantizar el acceso adecuado a la información, con cambios de último momento y sin consenso que debilitan la protección de zonas ecológicas, al reclasificarlas como áreas de aprovechamiento y que ponen en riesgo a especies protegidas como la rana de madriguera.
Las organizaciones también se pronunciaron sobre el caso de La Pona, cuya protección ha sido prometida públicamente por el gobierno estatal, de ahí que la Alianza expresó su preocupación por la posibilidad de que dicha promesa quede en letra muerta, mientras se negocia en lo oscuro con los actuales propietarios del predio.
De ello Pavel Castañeda, integrante de ADN-A, expresó: “Exigimos máxima transparencia sobre las negociaciones en torno a La Pona, que se dé a conocer públicamente quién negocia, qué se está proponiendo y con qué criterios. La Pona no se vende ni se intercambia a espaldas de la población hidrocálida”.
Finalmente, la coalición de organizaciones hicieron un llamado a los tres órdenes de gobierno a asumir su responsabilidad, evitar la simulación institucional y garantizar que no se otorguen permisos ni se inicien obras mientras el juicio del POEL siga en curso.
“Lo que estamos viendo no son hechos aislados. Hay un patrón: corrupción institucional y uso de recursos legales para favorecer intereses privados. Por eso decimos: el territorio se defiende también en los tribunales.”
