Los diputados morenistas Yaszú Muñoz y Rodrigo Mireles presentaron una iniciativa para que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA) tenga la obligación legal de asistir como observadora a cualquier manifestación.
El objetivo de esta propuesta es proteger las libertades de expresión y reunión, logrando que la presencia de los defensores funcione como un freno contra posibles abusos de autoridad o el uso excesivo de la fuerza pública, cuidando tanto a los asistentes como a los periodistas.
Los legisladores aclararon que el organismo deberá movilizarse de forma automática al enterarse de una movilización, o bien, acudir cuando los propios ciudadanos, organizadores o autoridades soliciten su acompañamiento.
Para garantizar la transparencia, la propuesta exige que la Comisión publique un informe oficial a más tardar cinco días hábiles después de cada evento. En este documento se detallará públicamente cómo se desarrollaron las cosas y si se respetaron las garantías individuales, convirtiendo a la institución en un escudo presencial y legal en cada protesta sin gastar más dinero público.
