Aguascalientes, Ags.- La actual administración del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado (ISSSSPEA) ha formalizado una estrategia de protección financiera para evitar que el patrimonio de los trabajadores vuelva a verse comprometido por manejos discrecionales.
Tras la llamada estafa Ponzi que se heredó de la administración anterior con un impacto al erario superior a los 173 millones de pesos, el titular del instituto, Mario Álvarez Michaus, confirmó la implementación de “candados” operativos y legales que restringen la libertad de los directivos para decidir el destino de los fondos sin una supervisión rigurosa.
Estas medidas surgen como respuesta directa a la vulnerabilidad detectada en el pasado, donde la falta de mecanismos de control permitió que los recursos se colocaran en instrumentos de alto riesgo bajo criterios personales.
Según explicó Álvarez Michaus, la intención es que las inversiones dejen de estar supeditadas al “contentillo” o juicio individual de quien encabeza la dirección, estableciendo en su lugar una normativa institucional que priorice la seguridad y la transparencia por encima de cualquier interés particular.
Respecto al proceso legal derivado del fraude millonario, el funcionario subrayó que la actual gestión se deslinda de las irregularidades, toda vez que el conflicto fue una “bomba” detectada al inicio de su periodo.
El propio Álvarez Michaus ya ha comparecido ante las autoridades para declarar sobre la demanda que interpuso su área, asegurando mantener la tranquilidad sobre su actuar administrativo mientras las instancias correspondientes dictan el desenlace de las investigaciones sobre los responsables del desfalco.
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