Frida Fonseca Quezada
Aguascalientes, Ags.- Como parte de una estrategia integral para fortalecer la responsabilidad familiar y prevenir la reincidencia juvenil, el director de Juzgados Cívicos del Municipio de Aguascalientes, Moisés de Luna Martínez, anunció que a partir de enero de 2026 comenzarán a aplicarse las sanciones económicas a padres de familia que incurran en abandono de adolescentes involucrados en faltas administrativas.
Interrogado respecto a que dichas sanciones económicas no se integraron en la recién presentada Ley de Ingresos 2026, apuntó: “yo se lo planteé en la Secretaría de Finanzas desde que se inauguró porque era un procedimiento que sí me está contemplado dentro del reglamento”.
En seguida precisó: “sí sancionar y que nada más conocíamos el procedimiento administrativo que iba a hacer, a la Secretaría de Finanzas le tocaba contemplarlo en la ley de ingresos, pero si aún no queda contemplado, yo tengo la facultad de solicitarle a finanzas municipal que haga un procedimiento de ejecución en el tema de sanción”.
Puntualizando el funcionario que las multas derivan de una orden del juez cívico por omisión parental, no por la falta cometida por el menor, sino por el abandono o la falta de acompañamiento de los padres durante el proceso.
Subrayando que se encuentran en un: “periodo de gracia”, para que “los papás se concienticen que el abandono de sus adolescentes puede llegar a una sanción, a partir de enero vamos a empezar los procedimientos de sanción porque se los comenté, hay un fenómeno en el juzgado de adolescentes que ahorita los papás llegan antes que llega la unidad y el adolescente, hay una participación muy efectiva de los papás y espero que así siga”.
De Luna Martínez recordó que las sanciones podrán alcanzar hasta 10 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), lo que equivale a poco más de mil 300 pesos, aunque se valorará la capacidad económica de cada familia, y en caso de no poder cubrir el monto, las multas podrán sustituirse por servicio comunitario, tanto para los padres como para los adolescentes involucrados.
De Luna precisó que el Juzgado Cívico tiene facultades para solicitar a la Secretaría de Finanzas Municipal la ejecución de las sanciones, y que esta figura será formalmente contemplada en la Ley de Ingresos 2026, para dotar de validez administrativa a los procedimientos de cobro.
Resaltando ante todo que: “No es un sistema recaudatorio, es un tema de responsabilidad. Lo que buscamos es recomponer el tejido social y que tanto el adolescente como el papá comprendan las consecuencias de sus actos”.















