La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votará este 25 de agosto una propuesta para anular el delito de extorsión del Código Penal de Aguascalientes. El proyecto del ministro Giovanni Figueroa establece que el Congreso del Estado cometió un error al regular este delito en febrero de este año, ya que castigar la extorsión es una tarea que ahora le corresponde únicamente a las autoridades federales.
El asunto comenzó tras las demandas presentadas por la CNDH y la Fiscalía General de la República, las cuales señalaron que los diputados de Aguascalientes se extralimitaron en sus funciones. Las instituciones explicaron que la Constitución cambió para crear una sola ley de extorsión en todo el país, impidiendo que cada estado apruebe reglas o castigos por su cuenta, aun cuando intenten copiar el texto nacional.
La Corte aclara que los estados ya no tienen permitido definir qué es la extorsión ni fijar las penas para los delincuentes. A partir de la reforma nacional, las autoridades locales solo deben dedicarse a investigar, perseguir y detener a los extorsionadores en sus ciudades, pero usando únicamente las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión.
Si la Corte aprueba la decisión, la ley local quedará cancelada desde el momento en que se creó y los jueces deberán rehacer los procesos penales en curso. De esta manera, todas las personas acusadas por este delito en Aguascalientes serán juzgadas bajo la Ley General de Extorsión y no bajo las normas estatales.
