Frida Fonseca Quezada
Aguascalientes, Ags.– En sesión extraordinaria del Congreso de Aguascalientes fue aprobado un paquete de reformas estructurales orientadas a modernizar el sistema de justicia, fortalecer las instituciones y garantizar nuevos derechos para la ciudadanía.
Entre los cambios más destacados se encuentra el que la LXVI Legislatura dio luz verde a medidas severas contra la extorsión y el reclutamiento forzado, además de ampliar el periodo del Fiscal General para asegurar la continuidad en la procuración de justicia.
En materia de seguridad, los legisladores avalaron de forma unánime penas de hasta 25 años de prisión para el delito de extorsión, ampliando su definición para castigar no solo el beneficio económico, sino también el daño moral y psicológico.
Asimismo, Aguascalientes se coloca a la vanguardia al tipificar el “Reclutamiento Forzado de Personas”, sancionando a quien obligue a terceros a delinquir, incluso a través de videojuegos y plataformas digitales; reformas se complementan con la creación de agravantes por el uso de Inteligencia Artificial en la comisión de delitos, respondiendo a los desafíos tecnológicos actuales.
El Pleno además aprobó ampliar de siete a nueve años la duración en el cargo de la persona titular de la Fiscalía General del Estado; y se establecieron requisitos más estrictos para la designación del titular del Órgano Superior de Fiscalización (OSFAGS), garantizando su autonomía técnica y de gestión en la vigilancia de los recursos públicos.
En el ámbito social y económico, se avalaron beneficios directos para sectores específicos, de modo que la Secretaría de Finanzas podrá otorgar descuentos de hasta el 30 por ciento en la transmisión de concesiones de taxis y combis, aliviando la carga financiera de los transportistas.
Mientras que en materia familiar, se reformó el Código Civil para que la pensión alimenticia aumente de forma automática cada año conforme al salario mínimo, asegurando el sustento de la niñez sin necesidad de trámites adicionales.
La sesión también marcó avances en la protección de los trabajadores al servicio del Estado, garantizando por ley la libertad sindical y sancionando la injerencia de funcionarios en asuntos gremiales.
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