Aguascalientes, Ags.- Un contingente de representantes de aproximadamente 30,000 repartidores de plataformas digitales como Rappi, Uber y DiDi se inconformó de manera pacífica para exigir el rechazo a la iniciativa de un nuevo impuesto del 2% por uso y desgaste de vialidades aprobado por los diputados.
Francisco Javier Luna Odave y Braulio Miranda Moreno, voceros del movimiento, denunciaron que este gravamen representa un golpe crítico para un sector que ya opera con márgenes reducidos y soporta una alta carga fiscal. Los manifestantes señalaron que, sumado al 18% que ya tributan actualmente, este incremento elevaría sus obligaciones fiscales al 20% por cada viaje, una cifra que consideran desproporcionada frente a las condiciones precarias de las vialidades y la falta de beneficios claros.
La inconformidad radica principalmente en que el gremio ya costea sus propios instrumentos de trabajo, como motocicletas y cascos, además de pagar tenencia, control vehicular, seguros y el impuesto al consumo de gasolina. Según los representantes, la justificación oficial del impuesto por el “derecho de piso” es injusta, pues las motocicletas generan un impacto mínimo en el pavimento y el medio ambiente en comparación con el transporte de carga pesada, el cual no enfrenta las mismas presiones fiscales. Advirtieron que este costo adicional no solo afectará sus bolsillos, sino que impactará directamente en el consumidor final y en la viabilidad de los microempresarios y pequeños restaurantes de la zona centro que dependen del ecosistema de las aplicaciones para sobrevivir.
Finalmente, los repartidores lamentaron que se repliquen iniciativas políticas de otras entidades que, a su juicio, ignoran la realidad económica del trabajador independiente. Muchos de ellos explicaron que optaron por este empleo debido a la flexibilidad de tiempo necesaria para atender responsabilidades familiares, pero que la suma de nuevos impuestos y el pago de servicios contables obligatorios está convirtiendo la actividad en una labor insostenible. Con la entrega de un pliego de inconformidad, el gremio espera ser escuchado por la gobernadora y el Congreso local para frenar una medida que, aseguran, podría forzar la salida de las plataformas de la ciudad o el cierre masivo de negocios locales.
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