Frida Fonseca Quezada
Aguascalientes, Ags.– Desde el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes se lanzó una denuncia pública contra las autoridades penitenciarias del estado, acusándolas de criminalizar y hostigar a Sara Morán Hernández, una mujer privada de su libertad que se ha dedicado a acompañar y asesorar legalmente a sus compañeras dentro del centro de reclusión.
De acuerdo a lo que vía sus redes sociales ha externado el organismo, lo que el sistema penitenciario califica como una falta, es en realidad un acto de solidaridad y defensa de derechos humanos ante el abandono institucional que viven las internas.
Precisando que el conflicto escaló luego de que Sara apoyara a otra mujer en la redacción de una petición dirigida a una autoridad judicial; y como respuesta, la Dirección del CERESO Femenil, el Comité Técnico Interdisciplinario y el área de Seguridad y Custodia iniciaron lo que el Observatorio describe como un mecanismo de represalia sistemática, mencionando que entre las agresiones documentadas se encuentran interrogatorios sin defensa jurídica, cateos arbitrarios en dormitorios, el decomiso de sus apuntes legales personales y la fabricación de faltas bajo el cargo de “usurpación de profesiones”.
De ahí que para las activistas, estas acciones no solo son ilegales, sino que buscan sentar un precedente de miedo para evitar que las mujeres se organicen o exijan condiciones dignas dentro del penal; y advierten que el procedimiento disciplinario en curso contraviene la Ley Nacional de Ejecución Penal y estándares internacionales, alertando que la posible sanción de aislamiento contra Sara podría equipararse a tratos crueles, inhumanos o degradantes, representando una forma extrema de violencia institucional.
Aunado a ello se informa que la situación alcanzará un punto crítico este 7 de abril a las 14:00 horas, momento en que se llevará a cabo una audiencia disciplinaria, pues el Observatorio señala que existe un riesgo real de que se consumen estas violaciones a los derechos humanos, afectando no solo a Sara Morán, sino el derecho de toda la población femenina del CERESO a defenderse de manera autónoma y a no ser castigadas por ejercer su derecho de petición.
Ante estos hechos, el organismo exigió la intervención inmediata de Antonio Martínez Romo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y de la Dirección General de Reinserción Social, con una demanda clara: el cese inmediato del hostigamiento, la anulación de cualquier sanción disciplinaria y la garantía de que se respeten los derechos fundamentales dentro de los centros penitenciarios; e hicieron responsables a las autoridades señaladas por cualquier daño físico o psicológico que pudiera sufrir Sara Morán Hernández derivado de este proceso.
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