Buscan desde el Congreso del Estado que las y los trabajadores de la educación no sufran afectaciones ante mentiras y falsas acusaciones que deterioren su prestigio profesional, por lo cual Lucía de León Ursúa, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, presentó una iniciativa de reforma que busca establecer un marco jurídico de protección para el personal docente y administrativo de las instituciones educativas, esto con la nueva Ley para la Protección Integral de los Derechos de los Trabajadores de la Educación.
“Hay casos en los que los maestros o algún personal de una institución educativa ha sido acreedor o está expuesto a mentiras. Vamos a sancionar porque es muy fácil decir ‘tú hiciste’ cuando ni siquiera tienes las pruebas de que se hizo o simplemente porque me cae mal, que hay papás que han incitado a los alumnos a decir ‘di que tu maestro hizo esto’, ‘di que el conserje hizo esto’ cuando ni siquiera es cierto”, afirmó la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Esta reforma, también presentada por la panista Mirna Medina, pretende sancionar a quienes inciten o realicen denuncias infundadas, tales como casos donde padres de familia motivan a los alumnos a fabricar testimonios contra el personal escolar.
De acuerdo con el documento de la propuesta, se busca garantizar procesos de investigación objetivos que limpien la reputación de los docentes que resulten víctimas de estas prácticas.
“También tenemos que penalizar esas situaciones. Entonces, es una iniciativa que vamos a promover, que esperemos que avance, y lo hacemos no con el fin nada más de protección a los maestros y al personal administrativo, sino también de prevenir y de que los papás piensen un poquito más antes de cometer o de empezar a inculcar a los niños alguna mentira o estar promoviendo alguna mentira”, señalo de León Ursúa.
