Frida Fonseca Quezada
Aguascalientes, Ags.– De manera contundente la colectiva AborterAgs rechazó lo que calificó como una campaña de desinformación, discursos de pánico moral y argumentos alarmistas impulsados desde espacios de poder político e institucional en el estado.
Vía un posicionamiento público compartido en sus redes sociales acusan de lo anterior a diputados locales del Partido Acción Nacional, así como a la gobernadora Teresa Jiménez, a la funcionaria Paloma Amézquita y a agrupaciones como el Frente Nacional por la Familia, en el contexto de las discusiones actuales dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el tema.
Alertando en seguida como organización enfocada en el acompañamiento de abortos seguros con medicamentos y en la documentación de violencia gineco-obstétrica, sobre las graves consecuencias que las narrativas falsas tienen sobre la vida, salud y dignidad de las mujeres y personas gestantes.
Lo cual calificaron como una irresponsabilidad y una estrategia de manipulación basada en el miedo que personas servidoras públicas afirmen que existe una propuesta jurídica para permitir la interrupción del embarazo “hasta un segundo antes del nacimiento”, un señalamiento que, aseguran, distorsiona por completo la realidad de la discusión legal.
En lo expuesto por el colectivo se enfatiza que quienes ocupan cargos públicos tienen la obligación ética y legal de conducirse con objetividad y apego al marco constitucional, y que la función de una legisladora o gobernadora no debe ser la de engañar a la población, sino la de garantizar información veraz.
Aunado a ello, AborterAgs rechazó que se intente presentar la defensa de los derechos humanos como una amenaza a la soberanía de Aguascalientes, recordando que el federalismo no faculta a los estados para colocarse por encima de la Constitución, los tratados internacionales o los criterios establecidos por la SCJN.
Por otra parte, expresaron su preocupación ante la influencia que organizaciones de carácter religioso pretenden ejercer sobre el diseño de políticas públicas, y aunque reconocieron el derecho del Frente Nacional por la Familia a expresar sus opiniones, puntualizaron que el Estado mexicano es laico y que ninguna creencia particular debe imponerse sobre la ciudadanía ni sustituir la evidencia científica o el marco constitucional vigente.
Finalmente, la colectiva califico de contradictorio el discurso oficial de acompañamiento a las mujeres, argumentando que la política gubernamental actual insiste en restringir, criminalizar y controlar la capacidad de decisión sobre el propio cuerpo, por lo que demandan un debate público de altura fundamentado en la evidencia y en el respeto irrestricto a los derechos humanos, pues la desinformación emitida desde el poder público representa una seria falta ética que erosiona la confianza institucional y vulnera los derechos de la población.
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