Denuncian “justicia selectiva” por detención del exgobernador Ruffo

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Frida Fonseca Quezada
Aguascalientes, Ags.– Durante la cuarta sesión ordinaria de la Diputación Permanente del Congreso de Aguascalientes, la presidenta de este órgano parlamentario, la diputada Alma Hilda Medina Macías, en el punto de asuntos generales alzó la voz para fijar un contundente posicionamiento sobre la reciente y acelerada detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
La legisladora de Acción Nacional advirtió que el manejo de este caso enciende las alarmas en el sistema político mexicano, sugiriendo la aplicación de una justicia sesgada que busca desviar la mirada pública de las graves acusaciones que cortes en Estados Unidos sostienen contra políticos mexicanos en funciones por sus presuntos nexos con el crimen organizado.
Por cierto que la congresista enfatizó que el tribunal competente deberá determinar la inocencia o culpabilidad del exmandatario panista, calificó de atípica la celeridad del proceso; y cuestionó que directamente en un lapso menor a 72 horas la autoridad federal haya dispuesto su traslado al Centro Penitenciario de Alta Seguridad del Altiplano, una velocidad que siembra serias dudas sobre si el procedimiento penal se apegó estrictamente a derecho o si respondió a motivaciones políticas.
Medina Macías además señaló con severidad a la Fiscalía General de la República por centrar sus recursos en este caso mientras omite investigar las filtraciones telefónicas que involucran a la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar; ya que a decir de la legisladora panista, en dichas grabaciones se escucharía a la mandataria pactar un esquema de intercambio de información con autoridades estadounidenses para blindar su situación jurídica, un hecho respaldado, afirmó, por la reciente cancelación de su visa.
Ante este panorama, la representante popular hizo un llamado a que la cooperación entre los gobiernos de México y Estados Unidos sea genuina y aplique el peso de la ley sin distinción de colores a los funcionarios vinculados a la delincuencia organizada.