Juzgar a adolescentes como adultos es un retroceso en derechos humanos.

Frida Fonseca Quezada
Aguascalientes, Ags.– Un retroceso en materia de derechos humanos representan las declaraciones del fiscal general del estado sobre la posibilidad de juzgar a algunos adolescentes como personas adultas, lo que además evidencia un desconocimiento del sistema de justicia especializado para menores de edad, afirmó el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes.
Así lo externó puntual la presidenta y fundadora del organismo, Mariana Ávila Montejano, al criticar la postura del titular de la Fiscalía General del Estado, Manuel Alonso García, luego de que planteara que algunos jóvenes deberían enfrentar sanciones como si fueran adultos, ello tras difundirse que Aguascalientes figura entre las entidades con mayores índices de adolescentes internados y con procesos penales iniciados.
La activista sostuvo que esa propuesta contradice los principios del sistema de justicia para adolescentes establecido en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por México, los cuales privilegian la reinserción social y el interés superior de niñas, niños y adolescentes sobre un enfoque meramente punitivo.
Apuntando en este sentido que: ”Este tipo de planteamientos representan un retroceso en la manera de entender la justicia para las adolescencias”, y advertió que endurecer las sanciones no resolverá el problema de la violencia juvenil.
Ávila Montejano añadió que las declaraciones también reflejan un desconocimiento sobre el funcionamiento del sistema especializado de justicia para adolescentes, creado precisamente para reconocer que los menores de edad requieren un tratamiento jurídico distinto al de las personas adultas.
Finalmente la presidenta del Observatorio lamentó que desde la Fiscalía se impulse un discurso orientado al castigo, en lugar de fortalecer políticas públicas de prevención y protección de derechos; y advirtió que el organismo continuará vigilando las acciones de las autoridades y seguirá señalando cualquier estrategia que, a su juicio, vulnere los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes bajo el argumento de combatir la inseguridad.