Frida Fonseca Quezada
Aguascalientes, Ags.– Luego de la muerte de una mujer de aproximadamente 25 años, el pasado 11 de mayo en la entidad, presuntamente por una hemorragia derivada de una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA) manifestó una profunda preocupación ante el escenario y exigen que el caso sea investigado bajo el Protocolo de Feminicidio, argumentando que aún se desconoce el contexto de violencia que la joven pudo haber enfrentado o si existió una omisión de cuidados por parte de su pareja.
Es relevante mencionar que el Observatorio fue enfático al señalar que este hecho no debe ser visto como un incidente aislado o accidental, sino como una manifestación de violencia estructural, toda vez que el Estado tiene responsabilidad directa si el fallecimiento ocurrió mientras la joven intentaba acceder a un servicio de salud reproductiva.
En este sentido, reprochan que tanto el Congreso de Aguascalientes como las autoridades de salud pública han colocado en riesgo la vida de las mujeres al obstaculizar el acceso a servicios seguros y mantener políticas que criminalizan el derecho a decidir.
Vía un posicionamiento público compartido en sus redes sociales, las activistas recordaron que el aborto en casa puede ser un proceso seguro cuando se cuenta con información adecuada y acompañamiento; sin embargo, advierten que las barreras institucionales y la persecución obligan a muchas mujeres a enfrentar estos procesos en condiciones de vulnerabilidad, desinformación y abandono; rechazando cualquier forma de estigma o juicio que revictimice a la joven y a su entorno, subrayando que “las omisiones institucionales también matan”.
Finalmente, el OVSGA hizo un llamado urgente para que se realice una investigación con perspectiva de género y de derechos humanos; y reiteró que las mujeres en Aguascalientes siempre han recurrido al aborto, pero que la diferencia crítica radica en si pueden hacerlo bajo un marco de derechos y acompañamiento o bajo un contexto de criminalización y abandono estatal que pone en peligro su integridad.
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