Frida Fonseca Quezada
Aguascalientes, Ags.– Tras el anuncio del gobierno municipal sobre la adquisición formal de los terrenos de la zona ecológica La Pona, la presidenta del colectivo “Salvemos La Pona”, Sofía González Ponce externó su postura, exigiendo que el proceso no se maneje a puerta cerrada y se abra de inmediato a la participación social desde su origen.
En sus redes sociales González Ponce, precisó que la autoridad municipal citó a los grupos civiles únicamente para informarles que ya cuentan con las escrituras del predio desde la semana pasada.
Subrayando que según la información proporcionada por el municipio, el documento legal incluye cláusulas que presuntamente impiden la reventa del terreno y estipulan que su destino exclusivo es la conservación ambiental.
Sin embargo, al solicitar una copia física de dichas escrituras durante la reunión, los funcionarios negaron la entrega inmediata y condicionaron el acceso al documento mediante la entrega formal de un oficio administrativo.
De ahí que ante esta situación, la activista señaló que las autoridades insisten en excluir a la población de las decisiones iniciales, siendo la principal exigencia de los defensores ambientales es que el proceso de protección no se limite a la entrega de documentos ya elaborados “a modo” o mediante licitaciones asignadas a organizaciones allegadas al gobierno, sino que se integre a la ciudadanía en la planeación y diseño de las estrategias desde el primer momento.
Además se lanzó un llamado enérgico a las autoridades municipales para que conozcan y apliquen de forma estricta el Acuerdo de Escazú, tratado internacional que obliga al Estado a garantizar el acceso oportuno a la información ambiental y a permitir una participación real, efectiva y vinculante de la sociedad en proyectos que impacten su entorno.
González Ponce además criticó que, si el municipio dispone de recursos públicos suficientes para campañas de publicidad y marketing político de gran alcance, también cuenta con la capacidad presupuestal y operativa para implementar cabalmente este marco normativo internacional; y para asegurar un proceso transparente, “Salvemos La Pona” propone una ruta de acción inmediata que incluye la apertura de mesas de trabajo conjuntas desde el “momento cero” para la elaboración del Estudio Previo Justificativo, requisito indispensable para la declaratoria del sitio como Área Natural Protegida.
Finalmente, demandan que el inicio formal del proceso y los mecanismos de participación se difundan ampliamente en medios oficiales, y que se establezcan mecanismos rigurosos de rendición de cuentas y veeduría ciudadana, condicionando el uso de los recursos públicos al cumplimiento progresivo de los objetivos que se fijen para el manejo del lugar.
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