Frida Fonseca Quezada
Aguascalientes, Ags.– El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes emitió un enérgico pronunciamiento que enciende el debate sobre la seguridad y la procuración de justicia en el sistema penitenciario del estado.
Vale comentar que la controversia comenzó luego de que el pasado 22 de junio de 2026, la diputada Lucía de León Ursúa afirmara públicamente que no existen pruebas de extorsiones al interior de los Centros de Reinserción Social de Aguascalientes, catalogando la problemática como un asunto de “percepción”.
A través de un comunicado oficial, la organización civil aclaró que desde hace varios años se han documentado diversos testimonios y denuncias formales de personas privadas de su libertad que narran hechos constitutivos del delito de extorsión; subyarando que actualmente existen procesos penales en curso relacionados con este ilícito, lo que demuestra que no se trata de una situación reciente ni subjetiva, sino de una realidad jurídica plenamente documentada.
Aunado a ello el colectivo alertó que negar la existencia de estas conductas o desestimar los señalamientos de los afectados no contribuye a solucionar el problema, sino que favorece el silencio y la impunidad dentro de las prisiones; al tiempo que recordaron de manera firme que la responsabilidad de investigar, acreditar y sancionar los delitos corresponde estrictamente a las autoridades y no a las víctimas.
Exigiendo que sean los propios afectados quienes aporten las pruebas para validar su palabra representa una preocupante inversión de la carga de la responsabilidad, desconociendo la obligación fundamental del Estado de garantizar el acceso a la justicia y la seguridad de las personas.
Finalmente, el Observatorio expresó su profunda preocupación por el hecho de que, desde la tribuna parlamentaria, se coloque bajo sospecha a quienes alzan la voz para denunciar abusos, en lugar de exigir cuentas claras a las dependencias encargadas de prevenir y erradicar estos delitos; e hicieron un llamado urgente a los representantes populares a asumir un compromiso firme con la verdad y la protección de los ciudadanos, exigiendo que se investigue a fondo y se garantice que ninguna persona sea víctima de extorsión, tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios de la entidad.
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