Frida Fonseca Quezada
Aguascalientes, Ags.– El desconocimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) puede traducirse en sanciones que superen los 60 millones de pesos, advirtieron especialistas del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, quienes exhortaron a empresarios y contribuyentes a capacitarse para evitar incumplimientos ante las recientes reformas en la materia.
Durante la presentación de la Semana de Prevención de Lavado de Dinero, Sergio Enrique León López, integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio, explicó que la legislación, vigente desde 2013, sigue siendo una de las menos conocidas por empresas y personas físicas, pese a que las obligaciones y facultades de supervisión de la autoridad se han fortalecido significativamente.
Señaló que la autoridad puede revisar hasta cinco años de operaciones y que la omisión de un solo aviso mensual obligatorio puede generar multas superiores al millón de pesos, y apuntó que en casos donde un contribuyente nunca se registró ni presentó reportes durante ese periodo, las sanciones acumuladas podrían rebasar los 60 millones de pesos.
Alertando que: “Muchas veces los empresarios no saben que realizan una actividad vulnerable y buscan asesoría cuando la auditoría ya comenzó; para entonces las consecuencias económicas pueden ser muy graves”.
Aunado a ello destacaron que próximamente entrarán en vigor nuevas disposiciones relacionadas con la identificación del beneficiario controlador, obligación que alcanzará a prácticamente todas las personas morales, por lo que recomendaron a las empresas revisar desde ahora sus procesos internos y acercarse a especialistas.
Ante este panorama, el Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes anunció la realización de la Semana de Prevención de Lavado de Dinero, del 27 al 29 de julio, donde se abordarán las reformas más recientes, las obligaciones legales y las medidas que deben adoptar las empresas para cumplir con la normatividad y evitar sanciones que podrían comprometer seriamente su estabilidad financiera.
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